Opinión de Israel Diaz Arriaga
El mundo atraviesa uno de esos momentos en los que la historia parece acelerarse. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa demostrando que los conflictos del siglo XXI pueden combinar tecnología, propaganda y desgaste económico en una misma ecuación. Los recientes ataques con drones sobre territorio ruso, incluidos episodios que han alcanzado las inmediaciones de Moscú, son muestra de una guerra que ya no conoce retaguardias seguras.
Al mismo tiempo, Oriente Medio permanece atrapado en una espiral de tensiones que amenaza con alterar los equilibrios energéticos y geopolíticos globales. A ello se suma un clima electoral intenso en distintas naciones de América Latina, donde las sociedades buscan respuestas a problemas que se repiten con distintos nombres: inseguridad, desigualdad, corrupción y crisis de representación.
Bajo este contexto internacional convulso, México tampoco escapa a los desafíos de gran escala. Hace apenas unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum. La calificó como una “muy buena mujer”, pero añadió que se encuentra “muy asustada” ante el poder de los cárteles de la droga en México. Más allá de la carga política de la declaración, resulta significativo que el debate internacional sobre nuestro país siga gravitando alrededor de un mismo tema: la capacidad del Estado para enfrentar a la delincuencia organizada.
Es precisamente bajo esa luz que adquiere relevancia una decisión aparentemente menor, pero cargada de simbolismo político. La presidenta Sheinbaum anunció la invitación del popular “Pato Merlín” a una conferencia mañanera, describiéndolo como un símbolo de la cultura popular mexicana. El gesto puede interpretarse como una muestra de cercanía con fenómenos sociales espontáneos y entrañables que generan empatía entre amplios sectores de la población.
Sin embargo, toda decisión de comunicación pública debe analizarse también por contraste. Mientras un personaje viral encuentra espacio en la conversación nacional desde Palacio Nacional, persiste la percepción de numerosos colectivos de madres y padres buscadores de que sus demandas continúan sin ocupar el lugar prioritario que la magnitud de la tragedia amerita.
La dimensión del problema no es una percepción aislada ni una construcción mediática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este año un informe específico sobre desapariciones en México. El documento describe una crisis humanitaria de carácter generalizado, documenta la participación tanto del crimen organizado como de agentes estatales en diversos casos, y señala niveles de impunidad extraordinariamente elevados. Asimismo, refiere más de 128 mil personas desaparecidas registradas durante el periodo analizado y decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo custodia estatal.
Es cierto que la propia CIDH reconoce avances institucionales, normativos y de coordinación impulsados por el Estado mexicano. El informe no es una condena absoluta ni desconoce los esfuerzos realizados. Pero también sostiene que dichos avances resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno y formula cuarenta recomendaciones para fortalecer la búsqueda, investigación y atención a víctimas.
La tensión entre colectivos de búsqueda y autoridades reapareció precisamente durante la presentación de dicho informe. Diversos familiares de desaparecidos manifestaron que las acciones gubernamentales siguen siendo insuficientes frente al tamaño de la emergencia humanitaria que enfrentan diariamente.
Quizá ahí radique el verdadero debate. Nadie discute que un gobernante pueda mostrar sensibilidad ante expresiones culturales populares. Tampoco que la política requiera símbolos capaces de conectar emocionalmente con la ciudadanía. El problema surge cuando esos símbolos parecen ocupar un espacio más visible que las voces de quienes buscan a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos.
Porque el fondo del asunto no es si un pato merece o no una invitación a Palacio Nacional. El fondo es qué mensaje recibe una sociedad cuando la conversación pública se concentra en lo anecdótico mientras persisten más de cien mil historias de ausencia.
México necesita gobernantes que sean buenas personas. Pero la complejidad de los desafíos nacionales exige algo más: estadistas. Mujeres y hombres capaces de escuchar sin descalificar, de asumir los diagnósticos incómodos provenientes de organismos nacionales e internacionales, y de construir puentes efectivos con la sociedad civil.
Las desapariciones no se resolverán mediante disputas narrativas ni mediante símbolos cuidadosamente diseñados para generar empatía. Se resolverán cuando el Estado, los colectivos de búsqueda, los organismos internacionales y la sociedad en su conjunto encuentren mecanismos de coordinación que transformen el dolor en políticas públicas eficaces.
En tiempos donde un pato puede convertirse en noticia nacional, conviene recordar que la verdadera prueba de un gobierno no está en su capacidad para administrar símbolos, sino en su capacidad para responder a las tragedias humanas que esos símbolos no pueden ocultar.
