Opinión de Israel Díaz Arriaga
Un país no se mide solo por su capacidad de responder ante una tragedia, sino por su voluntad de prevenirla. Lo ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, no fue un “accidente” en el sentido más puro del término. Fue, más bien, el resultado de una larga cadena de omisiones: en la infraestructura, en la regulación del transporte de sustancias peligrosas y en la salud pública.
Una pipa cargada con más de 49 mil litros de gas LP volcó y explotó a plena hora pico. El fuego lo devoró todo: vehículos, cuerpos, rutinas. Hasta el momento 13 personas han muerto y se habla de otras 90 que resultaron heridas, varias de ellas con quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Entre las víctimas de esta gran tragedia, una mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de meses desgraciadamente ha muerto. La bebé sobrevivió.
Las primeras versiones apuntaban a un bache. Vecinos, testigos y usuarios de redes sociales difundieron imágenes de un daño en el pavimento que, aseguraban, había sido reportado desde hacía meses. La explicación era creíble: en la capital, así como en muchas ciudades del país, los baches no son excepción, sino norma. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, la autoridad se alejó de esa hipótesis. La Fiscalía capitalina, a través de su titular informó que no se ha identificado ningún daño estructural en la vialidad que explique la volcadura. El exceso de velocidad y una mala maniobra se colocan ahora como causas principales.
Más allá de la discusión técnica —importante, sí, pero aún sin resolverse del todo—, lo que queda es la evidencia dolorosa de que seguimos expuestos. Expuestos a la negligencia, a la falta de mantenimiento, al transporte peligroso que atraviesa zonas urbanas sin protocolos claros. Y, sobre todo, a un sistema de salud que no está listo para atender emergencias de esta magnitud.
Los hospitales que recibieron a los heridos enfrentaron una realidad conocida, aunque a menudo ignorada: no tienen insumos suficientes. No hay suficientes medicamentos especializados, ni personal capacitado en manejo de quemaduras complejas, ni infraestructura hospitalaria adecuada. Se han activado centros de acopio. Cirujanos plásticos se han ofrecido voluntariamente. Las familias, en cambio, enfrentan la tragedia con lo que tienen: fe, dolor y una espera angustiosa.
Hay preguntas urgentes que el gobierno debería responder:
—¿Por qué se permite que las pipas de gas circulen en zonas altamente transitada, sin escolta y en horarios pico?
—¿Por qué, a pesar de los antecedentes, no se han creado rutas especiales ni protocolos más estrictos para el transporte de sustancias peligrosas?
—¿Y por qué, una vez más, es el personal médico quien carga con la responsabilidad de hacer milagros con recursos mínimos?
Hoy, mientras las autoridades siguen afinando sus peritajes, las familias entierran a sus muertos. O luchan por salvar a sus familiares. Hoy, mientras se discute si fue un bache, un error humano o una negligencia múltiple, decenas de personas viven el peor dolor imaginable.
Lo mínimo que se les debe es justicia. Pero también memoria. Y políticas públicas que prevengan que esto vuelva a ocurrir. Porque en México, cada tragedia parece repetirse con distinto nombre, distinta colonia, distintas víctimas… pero con la misma raíz: el abandono.
Y mientras México se alista para el Grito del 15 de septiembre —la noche del orgullo nacional, del “¡Viva México!” en plazas, balcones y pantallas—, vale la pena preguntarse qué significa celebrar la patria cuando muchas y muchos ni siquiera pueden vivirla en condiciones mínimas de seguridad y dignidad. Este año, el grito también debería ser uno de exigencia: exigencia a los gobiernos para que la vida no dependa del azar, para que se invierta en prevención, en salud, en infraestructura, en justicia. Porque amar a México no es solo ondear una bandera… es exigir que el país no arda con su gente adentro.
Lo mínimo que se les debe es justicia. Pero también prevención. Y memoria.
Porque si olvidamos esto, si lo dejamos pasar como una noticia más… entonces sí: estamos condenados a que vuelva a ocurrir.
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