Opinión de Israel Díaz Arriaga
La reciente marcha del 15 de noviembre en México, inicialmente convocada por la llamada Generación Z, ha puesto nuevamente en el centro del debate público la trascendencia del derecho a la manifestación como piedra de toque de una democracia funcional. Más allá de la identidad generacional de sus promotores originales, es innegable que a la movilización se sumaron ciudadanos de diversas edades y estratos sociales, unidos por inquietudes compartidas respecto al rumbo del país.
El derecho a manifestarse, consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, no es una concesión gubernamental, sino una derecho fundamental cuyo respeto es un deber irrenunciable del Estado. Este derecho protege la libre expresión de ideas y la posibilidad de exigir cuentas o proponer soluciones a la autoridad, incluso, y sobre todo, cuando las demandas son críticas o adversas al gobierno en turno.
Cualquier intento por desvirtuar la legitimidad de una expresión ciudadana masiva, ya sea mediante la descalificación de los participantes, la minimización de sus causas o la búsqueda de supuestos “intereses ocultos” detrás de la convocatoria, representa una acción que contraviene el espíritu democrático y la obligación constitucional de las autoridades. Es fundamental recordar que la validez de una manifestación radica en el ejercicio mismo del derecho por parte de los ciudadanos, no en la aprobación o el agrado del gobierno.
El contexto en el que se desarrolla esta y otras movilizaciones en el país no es trivial. Las demandas ciudadanas se anclan en realidades ineludibles que claman por la atención y la acción efectiva del gobierno federal:
- Inseguridad Rampante y Delincuencia Organizada: Vastos territorios de la nación se encuentran bajo el yugo de grupos criminales que ejercen un poder de facto, socavando la autoridad estatal y afectando la vida cotidiana de millones.
- Violencia Política y Agrícola: Casos como el asesinato de ediles y líderes agrícolas en Michoacán, que evidencian la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo local.
- Homicidios de Alto Impacto: La pérdida de vidas como la del activista y presidente municipal de Uruapan en Michoacán, Carlos Manzo, generan un clima de zozobra e impunidad.
- Crisis Humanitaria: La persistente problemática de las personas desaparecidas y el desabasto de medicamentos en el sector salud.
- Indolencia ante Desastres: La percepción de lentitud e indolencia de las autoridades públicas en la atención a las recientes inundaciones en diversas regiones, que han dejado a miles de damnificados.
Estas son las problemáticas de fondo que impulsan la protesta, independientemente de quién la convoque. Descalificar la marcha no erradica la realidad de la inseguridad, el desabasto o la impunidad.
El Rol del Gobernante
La actitud que debe asumir el gobernante ante una manifestación ciudadana es crucial para la salud democrática. La tentación de la autoridad de emprender investigaciones para identificar a los supuestos “intereses opositores” detrás de las movilizaciones revela una peligrosa desviación de prioridades. La energía y los recursos del Estado deberían enfocarse, en cambio, en:
- Ser Receptivo: Escuchar y analizar con seriedad las demandas y denuncias ciudadanas, asumiéndolas como un termómetro legítimo del sentir popular y una hoja de ruta para la acción.
- Solucionar: Emplear toda la capacidad institucional para resolver las problemáticas nacionales que generan el descontento, desde la inseguridad hasta el desabasto.
La descalificación de la protesta es un camino fácil que ofrece una satisfacción política inmediata, pero que resulta profundamente estéril. El verdadero liderazgo democrático se mide por la capacidad de dialogar, corregir y actuar ante la crítica, transformando la expresión del descontento en motor de cambio.
El respeto irrestricto al derecho a manifestarse no es una opción; es la base de la convivencia cívica y el espejo en el que se refleja la madurez política de un país y su gobierno. La crítica, aun la más severa, debe ser vista como una contribución al mejoramiento nacional, y nunca como una afrenta o un delito. El gobierno tiene la obligación de garantizar que toda voz, provenga de la Generación Z o de cualquier otro sector, sea escuchada y respetada.
Las opiniones expresadas son estrictamente personales y no representan necesariamente la postura editorial del medio de comunicación.
