Opinión de Israel Díaz Arriaga
Siete años pueden ser motivo de un balance. Pero en México, tras este periodo de la Cuarta Transformación, ese balance arroja cuentas demasiado pesadas como para celebrarse con algarabía. Más bien resulta imprescindible cuestionar la pertinencia de una ceremonia festiva cuando el país vive una emergencia humanitaria, una crisis de inseguridad y un colapso en el tejido social.
Una nación de ausencias: desaparecidos y fosas clandestinas
El dato más escalofriante: según el registro oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), para marzo de 2025 México acumulaba 128,059 personas registradas como desaparecidas o no localizadas. A la par, se han descubierto miles de fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos siguen sin identificar como la ha señalado Amnistía Internacional.
Aunado a lo anterior, Human Rights Watch ha señalado la crisis masiva de desapariciones que ocurre mientras las autoridades mantienen una profunda incapacidad forense para dignificar a las víctimas, esclarecer los casos o entregar respuestas a las familias.
Si celebrar un aniversario de gobierno implica rendir cuentas, entonces esos 128 mil desaparecidos son una cuenta pendiente monumental. No reparar, no investigar, no resolver: es una herida abierta que supera con mucho cualquier conmemoración oficial.
Violencia homicida, feminicidios, inseguridad: la normalización del horror
Los datos recientes confirman lo que muchas familias saben en carne propia: la violencia no ha cedido. De acuerdo con informes de 2025, hasta el pasado agosto de 2025, se reportaban un total de 444 feminicidios en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), bajo este contexto la frase de “llegamos todas” se vuelve una frase retórica hueca y que nada refleja el sentir de las familias a las que se la ha robado mediante la violencia la presencia de una madre, una hija, una esposa o una pareja.
Aunque algunos reportes señalan una leve reducción en ciertos homicidios dolosos, la crisis de violencia se ha transformado: las desapariciones crecen de forma alarmante y muchas muertes violentas quedan sin esclarecer.
Decenas de miles de familias viven con miedo, sometidas a la incertidumbre, a la omisión estatal, a la impunidad. Que el Estado se plantee celebrar en medio de esto no es solamente oportunismo político: es indolencia.
Crisis económica tangible: la gasolina y el bolsillo de las familias
Otro síntoma claro del desencanto ocurre en la economía cotidiana. A pesar de la promesa de “precios populares”, el precio de la gasolina en México alcanzó en 2025 niveles elevados: por ejemplo, la gasolina Magna rebasó los 25 pesos por litro.
Ese costo, aunque tenga matices técnicos —impuestos, costos internacionales, IEPS—, impacta directamente en el bolsillo de millones de hogares, en el transporte, en los precios. Subir o mantener el precio de la gasolina cuando el ingreso real de buena parte de la población está débil, tiene consecuencias sociales graves.
Negarse a tomarlo en cuenta en una celebración de gobierno revela, de nuevo, una desconexión preocupante entre la narrativa oficial y las realidades cotidianas.
Megaproyectos faraónicos: gasto, sobrecostos y promesas incumplidas
La 4T ha definido parte de su legado a través de grandes obras de infraestructura: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros. Sin embargo, acorde a lo señalado por México Evalúa, los costos reales se han disparado: los sobrecostos combinados de estos proyectos han sido estimados en hasta 673 mil millones de pesos.
Lo que se prometió como desarrollo, modernidad y bienestar —vías de comunicación, impulso económico, soberanía energética— no ha mostrado resultados que equilibren las enormes inversiones. Más aún: muchas de estas obras han sido señaladas como económicamente no rentables, ambientalmente inviable o socialmente desequilibradas.
Celebrar con bombos y platillos estos proyectos, mientras el país sufre violencia, desapariciones e inseguridad, equivale a una apuesta simbólica sobre el olvido.
¿Mitin o festejo ciudadano?
Es importante subrayar algo: la celebración de “siete años de 4T” no fue una manifestación ciudadana espontánea. Fue convocada desde el poder, nada más y nada menos que por la Presidenta “con a de mujer” -como ella lo ha expresado-, con movilización masiva, con estructura de partido. Habría que puntualizar que en la práctica, se trató de un mitin político, no una fiesta civil.
Mientras se reproducen imágenes de jolgorio, música y discursos triunfales, en México hay 128 mil desaparecidos; miles de mujeres asesinadas; familias buscando justicia; comunidades asediadas por la violencia; ciudadanos que dependen del transporte; pueblos afectados por megaproyectos.
Ese contraste revela la desconexión de las élites gobernantes con la realidad del país. Y ante tal desconexión, lo que se necesita no es conmemorar, sino correr a resarcir.
Una reflexión final
La clase gobernante debe detenerse y revisar. Siete años no son una victoria por definición. No lo serán mientras haya fosas clandestinas abiertas, mientras haya madres que buscan a sus hijos, mientras haya mujeres que temen salir a la calle, mientras haya precios que asfixian el bolsillo.
¿Vale más una fotografía multitudinaria, un lema de éxito, una selfie ante el público, que el derecho a la vida, la seguridad, la justicia, la dignidad?
Hoy, México necesita resultados. Necesita políticas eficientes de seguridad, verdaderas investigaciones de desapariciones, restitución de derechos, justicia para víctimas, gasto público inteligente, políticas sociales reales. Necesita que gobernar signifique trabajar, no celebrar.
Si algún día estos proyectos —y muchos otros— rinden los frutos prometidos, si la paz, la justicia y la prosperidad llegan a donde hoy hay miedo, dolor y abandono, entonces podrán recordarse los aniversarios con algo parecido a orgullo. Mientras tanto, lo que corresponde es urgencia para atender las carencias, no celebración.
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