Opinión de Israel Díaz Arriaga
Una clara señal de desgaste democrático no aparece necesariamente en las urnas ni en las encuestas, sino en algo más sutil y cotidiano: la forma en que el poder se ejerce y se comunica. En México, una de las preocupaciones que con mayor fuerza ha permeado en la opinión pública es la creciente confusión entre Estado, gobierno y partido, una frontera que en toda democracia constitucional debería ser nítida, pero que hoy luce cada vez más borrosa.
El Estado es la estructura permanente que garantiza derechos, legalidad y continuidad institucional. En una aproximación teórica, el gobierno es la administración temporal que ejerce el poder en nombre del Estado. Los partidos políticos, por su parte, son actores políticos que compiten por ese poder. Cuando estas tres dimensiones se mezclan, se debilitan los contrapesos y se erosiona la confianza ciudadana. Lo anterior, retoma una especial importancia en la vida cotidiana al dejar de ser una discusión teórica porque tiene consecuencias en la vida pública.
En los últimos años, con preocupante cotidianeidad, actos oficiales, discursos institucionales y recursos públicos han sido utilizados con una narrativa que no distingue con claridad entre el ejercicio legítimo del gobierno y la promoción política de un proyecto partidista o movimiento. Celebraciones gubernamentales con tintes partidistas, movilizaciones convocadas desde el poder y mensajes que equiparan al gobierno con “el pueblo” generan una idea peligrosa: que criticar al gobierno equivale a atacar al Estado o a traicionar a la nación.
Tal confusión es especialmente delicada en una democracia constitucional como la mexicana, donde la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, no en una persona, un partido o un proyecto político. El gobierno es administrador, no propietario del poder. Y, sin embargo, el discurso público —reforzado desde tribunas oficiales y amplificado en redes sociales— ha ido normalizando la idea de que el gobierno encarna moralmente a la ciudadanía, mientras que quien disiente es presentado como adversario, enemigo o, en el mejor de los casos, como alguien que “no entiende”.
Este fenómeno se vuelve aún más preocupante cuando se traslada al trato cotidiano con la ciudadanía. Cada vez con mayor frecuencia, gobernantes y funcionarios utilizan redes sociales o espacios mediáticos para responder directamente a críticas, denuncias o exigencias legítimas de personas comunes: madres buscadoras, periodistas, activistas, pacientes, ciudadanos afectados por decisiones públicas. En lugar de atender el fondo de las demandas, se recurre a la descalificación, la ironía, el señalamiento personal o la exposición pública del ciudadano.
Ese comportamiento, aunque pueda parecer menor o anecdótico, representa un quiebre profundo en la ética del servicio público. La autoridad no está en una relación de igualdad con el ciudadano: tiene más poder, más visibilidad y más recursos. Por ello, su responsabilidad es mayor. Cuando un gobernante utiliza su posición para denostar o minimizar a un ciudadano que exige derechos o denuncia abusos, se rompe el principio básico de respeto que sostiene la vida democrática.
Las democracias modernas si bien pueden ser medidas por elecciones periódicas, lo cierto es que se advierte su madurez por la manera en que el poder tolera la crítica. El disenso no es una concesión graciosa del gobierno; es un derecho fundamental. La protesta, la denuncia pública y la exigencia de rendición de cuentas son expresiones legítimas de ciudadanía, no actos de provocación. Responder a ellas con burla, estigmatización o desdén desde el poder no fortalece al Estado: lo debilita.
Es cierto que gobernar implica presión, exposición constante y una crítica permanente. No es una tarea sencilla. Pero precisamente por ello, quien ejerce una función pública debe comprender que su investidura exige contención, prudencia y respeto. No todo comentario en redes merece respuesta. No toda crítica requiere confrontación. Y ninguna inconformidad ciudadana justifica el uso del aparato simbólico del Estado para desacreditar personas.
Cuando el gobierno se confunde con el partido, la crítica política se transforma en afrenta personal. Cuando el partido se confunde con el Estado, la disidencia se vuelve sospechosa. Y cuando el Estado se confunde con una sola visión del país, la pluralidad se percibe como amenaza. Esa lógica es incompatible con una república democrática.
El uso intensivo de redes sociales por parte de gobernantes ha acelerado esta confusión. Plataformas diseñadas para la confrontación rápida y la simplificación del mensaje no siempre son el mejor espacio para el ejercicio del poder público. El carácter inmediato favorece la reacción emocional por encima de la reflexión institucional. Y cuando esa reacción proviene del poder, sus efectos se multiplican.
Una democracia madura exige algo más difícil que ganar elecciones: exige saber gobernar con límites. Límites al discurso, al uso de recursos, al trato con la ciudadanía. Exige entender que el respeto no es debilidad, sino fortaleza institucional. Que escuchar no es claudicar, sino gobernar. Y que el Estado no pertenece a quienes lo administran temporalmente, sino a todas las personas, piensen como piensen.
La pregunta de fondo no es ideológica, sino republicana: ¿queremos un país donde el poder dialogue con la sociedad o uno donde la confronte? ¿Un gobierno que distinga entre crítica y ataque o uno que lo mezcle todo en una narrativa de lealtades y traiciones?
Recuperar la claridad entre Estado, gobierno y partido no es un capricho académico. Es una condición indispensable para preservar la convivencia democrática. Y recuperar el respeto hacia el ciudadano —especialmente hacia el ciudadano que cuestiona— no es una concesión: es una obligación constitucional y ética.
Porque al final, el poder pasa pero las instituciones permanecen. Y la forma en que hoy se ejerce el poder define la calidad de la democracia que mañana heredaremos.
