Opinión de Antonio Valerio Delgado
A pesar de que as autoridades sanitarias no lo quieran reconocer y para minimizar el problema apliquen el clásico, “Todo está bajo control”, la verdad es contundente y dramática. México enfrenta en este inicio de año una situación grave por el rebrote del sarampión; una enfermedad que ya había sido casi erradicada años atrás y volvió al país debido a varios factores.
Y cabe señalar que el error más grave quizá es el hecho de que el gobierno federal desde el sexenio pasado, con el pretexto de la pandemia del Covid-19, suspendió las campañas nacionales de vacunación, donde se incluía la aplicación del antiviral contra esta enfermedad que es una de las más contagiosas del mundo.
En julio del 2025, cuando se supo del rebrote, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo en su mal hábito de minimizar los problemas de salud del país, que el brote estaba bajo control y que a más tardar en noviembre la ola de contagios quedaría totalmente erradicada.
Pero no fue así, y pasó todo lo contrario. Los casos de sarampión fueron en ascenso y de unos 3 mil 500 casos que había en ese entonces, en poco más de medio año, en enero de 2026; la cifra llegó a los 7 mil y con un nuevo fallecimiento, lo que demuestra que el problema ni estaba bajo control ni se erradicó en el tiempo que prometió el funcionario federal, al que aconsejan en la mañanera lo que tiene que decir, y como lo tiene que decir.
Dos falsedades graves como la que reza que el sarampión creció o rebrotó en México, porque el gobierno anterior atendió prioritariamente la pandemia del Covid con todo y su vacunación masiva, y porque además “Sarampión hay en todo el mundo”.
Datos duros y reales: La Organización Mundial de la Salud, (OMS) señala que para prevenir casos de sarampión, los países necesitan al menos un 95 por ciento de inmunidad entre la población para evitar un brote pandémico.
Curiosa y casualmente en el sexenio de Felipe Calderón, “el culpable o responsable de casi todos los males de este país”, la inmunidad por sarampión alcanzó niveles del 97 por ciento, casi la totalidad, y en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el referente solo alcanzó el 86 por ciento en promedio e incluso menos.
Ahora el problema está aquí y con tendencia a seguir creciendo, si se le sigue minimizando y no se toma en cuenta que su prevalencia y propagación además de muertes, puede derivar en otras enfermedades como: Encefalitis, ceguera y sordera.
Algunos dirán que sería exagerado admitir que la estrategia de sanidad falló y hacerlo sería también reconocer que efectivamente en materia de salud México en efecto no está como Dinamarca.
Pero si no se opta por la honestidad oficial, por qué no declarar una alerta sanitaria y llevar incluso a los hogares “Casa Por Casa”, las vacunas que si bien no terminaría totalmente con el problema, sí detendrían su mayor propagación.
Este programa es en los hechos, una iniciativa del gobierno de México que tiene como objetivo brindar atención médica a domicilio y permite que médicos y enfermeros visiten los hogares de los beneficiarios, proporcionando atención personalizada y seguimiento médico.
Y para rematar, es necesaria la justicia para López Betancourt.
La 14ª. Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México, el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial a favor de Eduardo López Betancourt, ex catedrático de la Facultad de Derecho, por un monto de alrededor de 47 millones 301 mil 862.70 pesos, que fueron determinados por la actuaria Maricarmen Rueda Sandoval.
El pago es el resultado de la demanda interpuesta por López Betancourt, debido a la destitución de su cargo de presidente del Tribunal Universitario, de su categoría de Decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y de sus cátedras tanto en la Licenciatura como en el Posgrado.
La destitución de sus derechos académicos obedeció a una falsa denuncia presentada en su contra por una mujer del posgrado de la Facultad de Derecho, quien lo acusó de los delitos de Hostigamiento Sexual Agravado, y “Tratos Crueles e Inhumanos” que sirvió para sustentar el despojo de sus derechos académicos en el año 2022, emitido por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.
A respecto, un juez determinó su inocencia por los cargos imputados en su contra, que fueron obra, maquinación y encargo personal del ahora ex titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien el propio López Betancourt interpuso una demanda de julio político ante la Cámara de Diputados, por abuso de poder y por persecución de al menos 22 años.
El caso de injusticia está más que probado y debidamente argumentado, por lo que las autoridades de la UNAM no deberían siquiera pensar en impugnar el caso, sino proceder y hacer justicia en favor de uno de los sus grandes ex alumnos, catedráticos y juristas, que fue y es referente del gran prestigio de que goza la carrera de derecho en nuestra máxima casa de estudios.
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