Opinión de Israel Díaz Arriaga
Durante años, la conversación pública sobre seguridad en México ha girado alrededor de una cifra que se volvió sinónimo del fracaso institucional: el número de homicidios. Ese indicador, brutal y directo, fue durante la última década la vara con la que se midió la eficacia del Estado frente al crimen organizado. Hoy, sin embargo, el debate ha comenzado a desplazarse hacia otra estadística menos visible, pero profundamente inquietante: las desapariciones.
El gobierno ha insistido en que los homicidios han mostrado una tendencia a la baja respecto de los picos registrados entre 2018 y 2020. Es cierto que las cifras oficiales reportan una disminución gradual en los últimos años. Pero, paralelamente, otro registro ha seguido creciendo de manera sostenida: el de personas desaparecidas y no localizadas. Este cambio en la naturaleza de la violencia no necesariamente implica que el país sea más seguro; puede significar, por el contrario, que la violencia se ha vuelto más opaca, más silenciosa y, por ello, más difícil de medir y de combatir.
México supera ya la barrera de las 110 mil personas desaparecidas registradas oficialmente. La magnitud del número resulta difícil de dimensionar: equivale a la población de una ciudad mediana que simplemente dejó de estar. Detrás de cada caso hay una familia que busca, un expediente que se acumula y una investigación que, en demasiadas ocasiones, no avanza.
El fenómeno no es nuevo. Las desapariciones comenzaron a aumentar de forma dramática a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006. Sin embargo, lo que hoy preocupa a especialistas, organizaciones civiles y colectivos de familiares es la persistencia —e incluso el incremento— de reportes en años recientes, a pesar de que los homicidios han dejado de crecer al mismo ritmo.
Este cambio plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transformación en las dinámicas del crimen?
Durante años, los homicidios fueron la expresión más visible del control territorial del crimen organizado. Los asesinatos masivos, los enfrentamientos armados y las ejecuciones públicas enviaban mensajes claros: quién dominaba una región y quién debía obedecer.
Hoy, algunos analistas sugieren que la desaparición puede estar sustituyendo al homicidio como herramienta de control. Desde la lógica criminal, desaparecer a una persona puede resultar “funcional”: elimina a la víctima, evita evidencia, reduce la presión mediática inmediata y disminuye la estadística más vigilada por la opinión pública. Un homicidio deja un cuerpo; una desaparición deja incertidumbre.
Esta mutación no implica necesariamente menos violencia, sino una violencia más difícil de registrar. Las cifras de homicidios pueden bajar mientras la violencia persiste, simplemente cambiando de forma.
El aumento de desapariciones no puede entenderse sin observar el colapso del sistema forense mexicano. El país enfrenta una crisis estructural: miles de cuerpos sin identificar permanecen en servicios médicos forenses saturados, fosas comunes y cementerios. Se estima que existen decenas de miles de cuerpos sin identificar. Esta cifra revela una falla sistémica: incluso cuando hay evidencia física de la violencia, el Estado no tiene la capacidad suficiente para identificar a las víctimas ni para devolverlas a sus familias.
La consecuencia es devastadora. Para miles de familias, la búsqueda se convierte en una tarea personal. Los colectivos de madres buscadoras —una de las expresiones más dolorosas de la sociedad civil mexicana— han asumido labores que deberían corresponder al Estado: rastrean fosas clandestinas, documentan hallazgos y presionan a las autoridades para investigar.
La existencia de estos colectivos no es una muestra de fortaleza social; es la evidencia de una ausencia institucional. En materia de seguridad pública, los números importan. Son herramientas para diseñar políticas, evaluar resultados y comunicar avances. Pero también pueden convertirse en incentivos perversos.
Si el indicador central es el número de homicidios, el sistema puede orientarse a reducir esa cifra sin necesariamente disminuir la violencia real. La desaparición, al ser más difícil de clasificar, investigar y probar, queda en una zona gris estadística.
Esto no implica manipulación deliberada, pero sí revela los límites de una política pública basada en un solo indicador. La seguridad no puede medirse únicamente por el número de asesinatos; debe incluir desapariciones, extorsiones, desplazamiento forzado y percepción ciudadana.
La desaparición de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. No solo implica la posible privación de la vida, sino también la negación de verdad, justicia y reparación. El derecho internacional considera la desaparición forzada como un crimen continuo: la violación persiste mientras no se conozca el paradero de la víctima. Cada día sin respuesta prolonga el delito.
Para las familias, el impacto psicológico y social es devastador. La desaparición suspende el duelo. No hay certeza de muerte ni esperanza clara de vida. Es una herida abierta que se prolonga en el tiempo.
Esta dimensión humana suele quedar eclipsada por el debate político. Las cifras se discuten, se comparan y se defienden, pero detrás de cada número hay una historia detenida en el tiempo.
La crisis de desapariciones no es solo un problema de seguridad; es una crisis institucional. La incapacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos erosiona la confianza pública.
En cualquier democracia, la legitimidad del Estado descansa en su capacidad de proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. Cuando miles de personas desaparecen sin que haya respuestas efectivas, esa legitimidad se debilita.
La impunidad se convierte entonces en un factor estructural. En México, los niveles de impunidad en delitos de alto impacto siguen siendo extremadamente altos. La probabilidad de que un caso de desaparición llegue a una sentencia es mínima. Este dato no solo refleja fallas operativas; revela un problema sistémico de procuración de justicia.
Ante la insuficiencia institucional, la sociedad civil ha asumido un rol protagónico. Los colectivos de búsqueda han logrado visibilizar la crisis, impulsar reformas legales y presionar para la creación de registros y mecanismos de identificación.
Sin embargo, la participación de la sociedad civil no debería sustituir la responsabilidad estatal. La búsqueda de personas desaparecidas es una obligación del Estado, no una tarea voluntaria de las familias.
El reto consiste en transformar esta movilización social en políticas públicas sostenibles, con financiamiento, coordinación interinstitucional y capacidad técnica. El descenso de homicidios es una noticia relevante y debe reconocerse. Cualquier reducción de la violencia letal es positiva. Pero el optimismo debe ser cauteloso.
La seguridad no puede evaluarse de forma parcial. Un país no es más seguro si las muertes disminuyen pero las desapariciones aumentan. El objetivo no debe ser mejorar una estadística, sino garantizar la vida, la libertad y la dignidad de las personas.
La narrativa oficial y la percepción social no siempre coinciden. Mientras las cifras de homicidio bajan, muchas comunidades continúan viviendo con miedo, desplazamiento y ausencia.
El desafío es enorme y requiere una política integral que incluya:
* Fortalecimiento del sistema forense y de identificación humana.
* Mejora de la coordinación entre fiscalías estatales y federales.
* Protección efectiva a colectivos de búsqueda.
* Prevención del reclutamiento criminal.
* Combate a la impunidad mediante investigación y judicialización.
Sin estas acciones, la reducción de homicidios podría convertirse en un logro frágil.
México enfrenta una paradoja inquietante: la violencia parece transformarse más rápido que las instituciones encargadas de combatirla. La disminución de homicidios puede ser el inicio de una tendencia positiva, pero el aumento de desapariciones recuerda que la crisis de seguridad está lejos de resolverse. La violencia no ha desaparecido; ha cambiado de forma.
Y mientras existan miles de personas cuyo paradero se desconoce, la pregunta seguirá abierta: ¿podemos hablar realmente de seguridad cuando hay más de cien mil ausentes?
La respuesta, por ahora, sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
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